Presos y barrabravas, otras piedras en el collar. JULIO BLANCK

El ministro de Justicia descubrió, de la peor manera, que la Presidenta no se había olvidado de él. Acostumbrado por la fuerza al bajo perfil de la masa de aplaudidores en los actos oficiales, sintió tronar el domingo su teléfono para recibir evidencias de un disgusto de aquellos . Cristina, furiosa por las noticias –para colmo de males, en Clarín– sobre la utilización de presos en actos políticos del oficialismo, lo intimó a suturar de inmediato el daño causado por el bochornoso episodio.

Esa misma tarde Julio Alak salió a aclarar lo que no necesitaba aclaración, de tan evidente que era. Hizo convocar, para contenerlos, a los padres de Wanda Taddei, la chica quemada y asesinada por su pareja, el baterista de Callejeros Eduardo Vásquez, que apareció fotografiado en esos actos poco después de recibir su condena a 18 años de prisión.

El lunes la Presidenta volvió a apurarlo a Alak por teléfono , recordándole que debía sacar al Gobierno de esa cloaca. Pero el flujo informativo ya tenía dinámica propia: este diario reveló que el condenado asesino de un barrabrava de River, barrabrava él también, había sido otro participante del jolgorio.

Fue justo el día después de que la Presidenta, en una de sus apariciones públicas menos felices, había elogiado a los barras -delincuentes organizados y prolijamente apañados por la política- delante de toda la dirigencia del fútbol.

Los sermones a Alak se complementaron con una nueva misión especial asignada a Sergio Berni, el viceministro de Seguridad, última adquisición del círculo de favoritos de Cristina. Saltando por encima de cualquier jurisdicción, el teniente coronel médico Berni se encargó de apretarles las clavijas a los directores de las cárceles más sensibles. Les ordenó asegurarse de que no se permitiera el acceso de ningún periodista a los penales y que se clausure de una vez la hemorragia informativa. Los jefes penitenciarios, gente grande y curtida, tomaron nota y acumularon otro poco de bronca sorda.

El puenteo al ministro Alak forma parte de los usos y costumbres del Gobierno. El poder transita sólo por los caminos que acá y allá determina la Presidenta.

Alak, según quienes conocen el día a día de los ministerios, tendría limitado su radio de acción. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, asoma en muchos casos como el hombre fuerte, desdibujando al ministro . Alvarez es un joven abogado cuya eficacia en la gestión está siendo puesta a prueba. Pero sobre todo es un notorio militante de La Cámpora, el salvoconducto que lo habilita como delegado directo de la Casa Rosada.

En el escándalo de los presos, Alvarez se topó con un problema delicado. El responsable de ese enchastre es el jefe del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, quien también se reivindica furiosamente kirchnerista. Es mucho más que el fervor de Alak, un peronista clásico adecuado a los tiempos que corren.

¿Cómo jugará Alvarez en esa línea de tensión entre Alak y Hortel? Por ahora mantiene un prudente segundo plano. No se le escuchó palabra en público sobre el papelón de los presos. Difícil que tanta discreción sea un arranque espontáneo, desprovisto de información calificada.

Un hombre que caminó los despachos importantes desde el primer día del kirchnerismo auguró anoche: “Esto es un desastre, alguna térmica va a saltar” . El fusible a mano es Hortel, quien además apareció filmado compartiendo una murga navideña con un violador y asesino, preso en una institución a su cargo.

Pero si Hortel es la llave térmica que va a saltar, no parece que esa eyección vaya a producirse ahora. Su despido sería toda una noticia. Y en este caso, otra vez, lo que molestaron a Cristina no parecieron ser los hechos sino las noticias sobre esos hechos .

Nótese que no pareció haber amonestación de la Presidenta por la práctica de incluir a presos de cualquier calaña en las actividades del llamado Vatayón Militante. En público, defendió las tareas de resocialización de los detenidos –que no están en cuestión– y sostuvo la teoría de que los internos sólo habían participado en actividades culturales. Quizá de tanto repetir esos argumentos termine creyéndolos. Quizás, en su posición, haya que hacer eso para seguir adelante. La procesión, si la hay, va por dentro.

El uso de presos para actos políticos bien puede inscribirse en la larga lista de burradas propias con las que el Gobierno se causa daño, sin mediar la menor intervención de ninguna forma de oposición.

Este episodio, además, cae como lluvia ácida sobre una opinión pública afectada por asuntos vinculados a la inseguridad, pero también a cuestiones de la economía, como la inflación y el dólar.

La medición continua de la consultora Aresco, dirigida por Julio Aurelio, ya detectó la fuerte volatilidad de un sector social, en general de capas medias urbanas, que acompañó a la Presidenta en su reelección y que ahora se siente alejado de ella, aunque no puede definirse cabalmente como opositor. Ese segmento podría alcanzar a un 20% de la población .

Lo que surge de esos estudios es la aparición de un nuevo equilibrio , donde aún se mantiene un signo positivo en la opinión sobre el Gobierno.

Cristina conserva esa inclinación favorable de la balanza, dicen en la consultora, por el fuerte apoyo que logra en el interior del país. Pero el panorama es distinto en los grandes distritos. El Gobierno ya tiene imagen negativa en la Capital y Córdoba . Y la evolución está siendo desfavorable en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, donde la guerra de desgaste contra Daniel Scioli le ocasionó más daño a la Presidenta que al gobernador.

La clave del momento estaría en una aparente contradicción social. Según explica Federico Aurelio, en sus mediciones “un 54% de la gente define su situación económica como positiva, pero un 55% opina que la situación del país es negativa y va a estar peor” . Parece un equilibrio frágil, capaz de ser afectado por distintas variables, entre ellas la política.

En un contexto económico menos favorable, el Gobierno precisa acertar con medidas que generen efecto positivo en el corto plazo , para cortar la racha negativa que apenas alcanzó a disimular por un rato la expropiación de YPF. Casi todo lo demás fueron errores propios.

El bochorno del uso de presos para actos políticos, además de revelar los impulsos profundos y la falta de escrúpulos de un sector del oficialismo, es otra piedra enhebrada en ese grueso collar.