Una vieja sospecha de corrupción en los desorbitados subsidios a empresarios de servicios públicos y, sobre todo, del transporte. Estado y empresarios más preocupados por el trasiego del dinero que por la seguridad de los ciudadanos. Ese es el trasfondo de una tragedia de muerte y mutilación en el barrio de Once. Una carga moral y política de 51 muertos es demasiado pesada para cualquier gobierno. Aquel diálogo del principio fue la confesión de que a los funcionarios les importa tan poco como a los empresarios la inversión en el mantenimiento. Cualquier inversión resultaría, al fin y al cabo, una merma del dinero ilegal que va a parar a cuentas privadas de unos y otros.
La devastación en Once fue comparada con la de Cromagnon. No es lo mismo. Es mucho peor. La discoteca no recibía subsidios del Estado ni prestaba un esencial servicio público. La falta de controles es un delito en cualquier caso, pero nadie está obligado a ir a una discoteca y, mucho menos, a quedarse ahí mientras lanzaban bengalas en un lugar cerrado. El transporte público es, en cambio, una imperiosa necesidad social y laboral de los ciudadanos. Es su conexión con la vida cotidiana para la mayoría de la gente de cualquier país.
Cerca de 5000 millones de dólares fueron transferidos por el Estado en calidad de subsidios, sólo en 2011, a las empresas de transporte público. Unos 16.000 millones de dólares acumularon esas transferencias desde 2004. Esos montos no incluyen los dos millones de dólares por día que se lleva Aerolíneas Argentinas mientras no cesa de perder pasajeros. En 2003, año de la poscrisis en que los Kirchner gobernaron sólo durante los últimos seis meses, tales subsidios fueron de apenas 200 millones de dólares.
Néstor Kirchner hizo su campaña electoral de 2003 con un fuerte discurso sobre el estado calamitoso de los ferrocarriles. Contó, incluso, que se subió a un tren como pasajero raso para viajar en uno de los tramos que terminan en la Capital. Eso es inhumano , contó luego por televisión. Los poderosos hermanos Cirigliano, que tienen la concesión del Sarmiento, el mismo de la tragedia de Once venían en complicidad con funcionarios desde la época de Menem. Formaban parte -y forman- de un sistema discrecional, ineficiente y oscuro.
Kirchner accedió al poder en mayo de 2003 y poco después convirtió a los Cirigliano, y a otros empresarios, en interlocutores favoritos de su gobierno. La intensa presión de la campaña electoral pareció entonces una estrategia para obligar a los Cirigliano a abandonar el menemismo y anclar en el kirchnerismo. Lo logró. Ricardo Jaime (nadie puede explicar por qué no está preso todavía) y Juan Pablo Schiavi fueron los orfebres de ese nuevo amor. La Justicia lo sabe, y calla.
No menos de cuatro informes de la Auditoría General de la Nación (el último que se conoce es de 2008) alertaron al Gobierno sobre la falta de mantenimiento de los trenes, incluidos los frenos, y sobre los riesgos de accidentes mortales. El próximo miércoles, la Auditoría podría aprobar el último, tan fulminante y acusador como todos los anteriores. El Gobierno tenía en esos informes, mucho antes, los argumentos necesarios como para rescindir los contratos sin indemnización. En el informe de 2008, la Auditoría advirtió sobre la posibilidad de un descarrilamiento en un lugar determinado. Una fotografía de vías rotas acompañó la advertencia. Poco después, el descarrilamiento sucedió en el lugar que la fotografía había indicado.
El Gobierno ni siquiera leyó esos informes que advertían, en última instancia, sobre eventuales muertes de argentinos. La última noticia de la Auditoría que conmovió a Cristina Kirchner fue la que dio cuenta de que su otrora protegido Nicolás Fernández, un ex senador santacruceño, había recalado ahí como importante asesor, sin conocimiento de ella. Cristina ordenó que renunciara en el acto. Ya había vetado su reelección como senador. Algo sucedió entre ella y su sucesor en el Senado (Fernández heredó hasta el despacho de Cristina) que nadie puede descifrar.
¿Por qué esos empresarios jugaban, un día sí y otro también, con la vida y la muerte de los pasajeros? ¿Por qué no temieron por su prestigio y por su responsabilidad penal? Había en ellos una enorme sensación de impunidad, la certeza de que ellos y el Estado eran una misma cosa , contaron funcionarios que hablaron con los empresarios sobre los riesgos que corrían. Ahora, esos empresarios han caído en desgracia con los métodos clásicos del kirchnerismo: el Gobierno se exhibe como una víctima tan inocente como los muertos y sus familias. Presentarse como querellante en la causa (que es lo que hizo el Gobierno) sería un sarcasmo si no formara parte de un drama. Sólo pueden ser querellantes los particulares damnificados sin posibilidad alguna de ser investigados como culpables.
Fuentes judiciales aseguraron que difícilmente el juez Claudio Bonadio aceptará esa petición del oficialismo de ser querellante en una causa en la que podría ser cómplice o culpable. De hecho, Bonadío reclamó a la Auditoría General todos los informes que existen sobre la situación de los ferrocarriles. El presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, que acaba de sofocar un intento de golpe de Estado de sus propios correligionarios radicales, se puso a disposición del magistrado. Bonadio no es Oyarbide, y decidió llegar hasta el fondo , dijeron en los tribunales. La querella del oficialismo, implícita contra los ex amigos Cirigliano, sucedió luego de que fracasara la estrategia de culpar al chofer de la formación, integrada por trenes que tienen medio siglo de mala vida. Víctima convertida en victimario.
Macri debería pensar dos veces si aceptará el traspaso de los subterráneos. Algunas de esas maquinas, construidas con madera, tienen 90 años y el sistema de señalización es más vetusto que el del ferrocarril. La recaudación tributaria acumulada desde 2003, durante los años del viento de cola más intenso que tuvo la Argentina desde la Segunda Guerra, es de unos 500.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme de dinero que no se usó para mejorar la infraestructura del país, sino para hacer, en el mejor de los casos, caminos perdidos que van hacia ninguna parte, sólo para beneficiar a gobernadores o a intendentes amigos. Y también a empresarios igualmente amigos.
Los sobreprecios son una constante de las obras públicas, tal como lo denunció en su momento un ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Por eso, Acevedo renunció a la gobernación. La mayor parte de esos recursos de la bonanza económica de casi una década sirvió para construir una sociedad subsidiada y para levantar una formidable maquinaria de poder y de control. Casi el 24 por ciento del total del gasto público se fue, en 2011, en subsidios (transporte, energía, empresas públicas y trabajos y subsidios sociales).
El viento de cola se ha terminado. Lo que no se hizo antes, no se podrá hacer ahora. Economistas privados aseguran que el crecimiento del país durante este año será de un 2 por ciento si las cosas se hicieran mejor de lo que se hacen. También podríamos tener una caída del PBI del 2 por ciento , aseguró uno de los más respetados. Sería la recesión, intensa y depredadora como la de 2009. No es casual que Guillermo Moreno esté haciendo espectáculos semanales de insoportable prepotencia ante empresarios. Está eligiendo a los próximos culpables de la crisis de la economía. Son los mismos empresarios que hicieron lo que él les ordenó durante cinco años y que ahora tampoco reaccionan ante el autoritarismo.
El poder es Moreno, guste o no. Ningún otro funcionario, en uno de los casos históricos más memorables de abandono de funciones y de deberes, es capaz de contradecir o plantear otro punto de vista cuando está frente a la Presidenta. La tragedia de Once, anunciada e ignorada desde hace mucho tiempo, podría ser el presagio de otras tragedias.
Un poderoso empresario preguntó cómo es el sistema de gobierno. Uno de los ministros con más fama de influyente resumió así la respuesta: A la Presidenta se la acata. Somos diez ministros corriendo detrás de un loco ..
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