sulta evidente que nunca se sabrá con certeza quiénes fueron los responsables de que huesos y restos humanos quedaran sumergidos entre las piedras calcinadas del edificio de la AMIA, hace más de dos décadas. Quiénes lo imaginaron, decidieron, diseñaron, y por qué eligieron ese edificio, de este país, para llevarlo a cabo. Quiénes lo organizaron desde el exterior, quiénes colaboraron con ellos en nuestro país, quiénes y por qué alteraron, durante veinte años, las investigaciones, destruyeron pruebas, ocultaron cómplices.
Casi idéntica es la probabilidad de que algún día se sepa con certeza cómo y por qué murió Alberto Nisman el domingo pasado: ninguna. Del mismo modo en que nunca se podrá saber quiénes fueron los autores de las variadas muertes que, sin voluntad de ser exhaustivo, menciona Héctor D'Amico en la nota titulada "Un país huérfano".
No se trata sólo de incompetencia, ni de falta de voluntad ni de vocación de obstruir el conocimiento de lo ocurrido. No, no se trata sólo de eso, aunque sin duda alguna todo eso está al servicio del ocultamiento, y éste, de la impunidad. Se trata, principalmente, de que ninguna respuesta, el resultado de ninguna investigación, ningún fallo judicial, cualesquiera que sean, resultarán creíbles. El escepticismo ha ganado a una sociedad que desconfía de la palabra del poder. No sin razón: de la traición de los compromisos públicos a la corrupción, de las complicidades manifiestas entre distintos miembros de las elites -empresarias, sindicales, políticas, comunitarias, intelectuales, académicas- a la manipulación de los sentimientos colectivos, la larga sombra de la mentira y de la impunidad, de la ilegalidad y de la arbitrariedad, del exceso y del cinismo se ha ido extendiendo desde los orígenes del menemismo hasta el ocaso de un kirchnerismo cuya extinción se cobrará como precio el mayor daño que le sea posible infligir a la sociedad.
Una vez y otra la política reproduce sus lugares comunes, palabras que se reiteran mecánica, cansinamente, como una rutina inverosímil: "que la investigación no quede estancada"; "llegar a la verdad"; "resolver este hecho doloroso"; "que no pase al olvido", "hacer justicia", "un punto de inflexión". Repetidas hasta el infinito, las palabras finalmente se angostan hasta ser tan sólo una fórmula en la que ya nadie cree: la indignación pública se extiende tan rápidamente como se diluye; más que reivindicación, catarsis; más que una actitud fundada en convicciones, un espasmo producto de la irritación.
La cólera ante cada suceso horrible se construye sobre el olvido de los anteriores. El lunes por la noche se repudiaba la muerte de Alberto Nisman. La explosión de la calle Pasteur, sus muertos, no estuvieron presentes, como si entre un acontecimiento y otro no hubiera relación alguna más allá de la mención de que se trataba del fiscal de aquel crimen. De igual modo se extinguirá toda relación entre esta muerte y el próximo hecho horrible, en una sociedad ganada por un vértigo en el que cada desgracia pública provoca la expectativa de la próxima tragedia, como si sólo aquello que se sale de lo ordinario pudiera explicar, y de este modo dar sentido, a la vida política en nuestro país.
Mucho se ha escrito en contra de la resolución de conflictos de naturaleza política en la esfera jurídica, eso que se ha dado en llamar "judicialización de la política". El domingo pasado, Horacio Verbitsky condenó la denuncia que realizó el fiscal a propósito del acuerdo con Irán como parte de "los desbarres de un poder contramayoritario que intenta confinar la política dentro de los límites de un expediente tribunalicio, alimentado como en un chiquero judicial con basura de los servicios de informaciones". Pero el problema, a pesar de discursos que, como ése, quieren absolver a un gobierno que carece ya de todo argumento en su favor, no consiste en que se lleva la política a los tribunales: la política no se ha convertido en un asunto jurídico, sino policíaco.
La narrativa sobre la sociedad, sobre los derechos, sobre el futuro, se ha degradado en una trama cinematográfica de comedia negra, en la cual valijas con dinero se mezclan con espías, terroristas internacionales con lavadores de dinero, empresarios inviables con políticos que sólo buscan la absolución como destino de grandeza, mientras comparten con sus seguidores fotos de sus mascotas en las redes sociales. El público no discute sobre la política tributaria, ni sobre relaciones internacionales, ni sobre los problemas de un desarrollo sustentable, ni sobre la desigualdad. Se ha convertido en experto en los temas que esta trama le ofrece: armas, ferrocarriles, acuerdos ocultos, autopsias, pistas falsas, traficantes de drogas. La conversación política se ha convertido en la apostilla de historias criminales, nunca resueltas y que, seguramente, nunca se resolverán. La sucesión de miserias arrojadas en la escena pública crea un estado de sospecha general, lo cual resulta sumamente útil para quienes participan de la trama: allí donde todo es sospechoso, nadie es responsable. Cada indicio encuentra su réplica, cada argumento su refutación, cada motivo su motivo adverso.
El kirchnerismo ha llevado al paroxismo la destrucción de lo público iniciada con el menemismo veinte años atrás. El paroxismo: si aquéllos convirtieron en ruina los activos, éstos, además de continuar la obra, arruinaron el lenguaje y, con él, las referencias que nos eran comunes, los significantes que comprendíamos todos y en torno de los cuales expresábamos nuestros acuerdos y nuestras diferencias. La falsificación de las estadísticas no afecta solamente nuestro conocimiento de la economía, sino sobre todo nuestra capacidad de contar con puntos de referencia compartidos para nombrar las cosas, de la inflación a la pobreza. Es allí donde comienza el "estado de sospecha" que ha vuelto tan brumosa la vida pública argentina. En esas brumas, los ciudadanos pierden crecientemente su condición de tales y se convierten en comentaristas de lo único que parece real en nuestro país: la crónica policial.
La degradación de la política a las formas diversas de la delincuencia destruye la idea de ciudadanía y, con ella, la posibilidad de la democracia. Produce, como escribió ayer Roberto Gargarella en este diario, "la corrosión de nuestra vida cívica", causa la metamorfosis del compromiso en miedo y hace del futuro el sitio al que nadie aspira, porque adquiere las formas monstruosas de un paisaje sombrío en el que cada vez será más inhóspito vivir.
Desde el retorno de la democracia, la conversación que nos interesaba, la que nos permitía articular proyectos comunes, conocer diferencias, saldar desacuerdos, ha ido extinguiéndose para dejar paso a un temario rudimentario y peligroso: corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo. Éstos son, día tras día, los asuntos que informan lo que ocurre en nuestra sociedad. No se trata tan sólo de formas diversas de la delincuencia: se trata, a la vez, de un proyecto y de un fracaso. El proyecto de quienes detentan el poder y desean preservarlo para su beneficio; el fracaso de una sociedad que ve cómo el Estado argentino se ha ido convirtiendo en un Estado fallido, un Estado que no se ocupa de los asuntos públicos y del bien común, sino que es un instrumento del que se sirven aquellos que, más allá de discursos, tienen una característica común: la falta de escrúpulos, la capacidad para convertir una narrativa conjunta para un futuro común en una miserable trama policial.
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