La reforma acorrala a los jueces y desafía su independencia Por Adrián Ventura

La nueva ley del Consejo de la Magistratura no es una norma más de las miles que existen. Es el nuevo punto de partida de un cambio institucional muy profundo, que puede neutralizar a la Justicia como poder de control .

"El poder político pasa a tener el dominio total sobre los jueces y los ciudadanos, sin jueces imparciales, pierden las garantías de sus derechos", resumió la constitucionalista María Angélica Gelli.

La afirmación no es exagerada y, en buena medida, capta la esencia de lo que sucede: nunca antes, desde 1983 a la fecha, la democracia argentina alumbró una ley con un impacto tan tangible sobre la independencia judicial.

La Constitución nacional establece, como características definitorias de nuestro sistema, que la Argentina es: 1) una democracia, donde la gente vota a sus gobernantes; y 2) una república, donde los jueces tienen el deber de controlar al Presidente y al Congreso. A tal punto importa ese mecanismo para equilibrar el sistema que la Constitución y la Corte siempre permitieron que cualquier magistrado declare inválida una norma.

"De una crisis económica se puede salir en algunos años, con buena gestión. Pero será mucho más difícil superar esta reforma, porque corroe el sistema constitucional desde adentro", dijo un camarista.

Las principales reformas son:

El Consejo de la Magistratura, que selecciona jueces e inicia su juicio político, estará en manos de una mayoría oficialista.

Esa mayoría será suficiente para iniciar la remoción de un juez.

Los jueces, abogados y académicos que quieran actuar en el Consejo deben postularse a través de partidos políticos, lo que los lanza a la arena política, con todo lo que ello implica en influencias, contactos, recaudación y campaña.

Los partidos políticos también tendrán obstáculos legales casi insalvables para presentar una boleta única de candidatos de oposición. Deberán presentar sus candidatos en boletas distintas a las de diputados y senadores, a menos que la alianza pueda estar inscripta en 18 provincias. En cambio, el Frente para la Victoria irá con una sola boleta sábana, más larga que nunca.

La Corte conservará la administración de la Justicia, pero el Poder Ejecutivo podrá tomar sus excedentes presupuestarios.

Alcanza con sumar esos factores para advertir por qué los jueces sienten muy amenazada su independencia.

"Vienen por nosotros", coinciden en decir muchos magistrados, en voz baja, para resumir el miedo concreto a ser echados de sus cargos.

Durante el debate legislativo de ayer, fue el senador radical Ernesto Sanz quien advirtió que "los jueces son naturalmente miedosos, porque temen perder el empleo para el que trabajaron toda la vida", y eso los hace poco proclives a limitar al Gobierno. Ahora, sin embargo, ese miedo se está transformando en profundo temor.

En efecto, con un organismo como el nuevo Consejo, que será una amenaza bien presente para la estabilidad laborar de cualquier magistrado, ¿qué juez se animará a declarar la invalidez de una norma del Poder Ejecutivo, de la AFIP o del Congreso, por ejemplo, si sabe que al otro día el Consejo de la Magistratura, con el voto del oficialismo, puede iniciar su proceso de remoción y terminar con su carrera?

Pero, lo que es más grave aún, ahora que los jueces, los abogados, los académicos y los partidos iniciarán distintas demandas contra la validez de distintos artículos de la ley, ¿se animarán los magistrados a declarar inconstitucional esa norma, que en definitiva los acorrala entre la espada y la pared? En otras palabras, el carácter límite de la situación, ¿los llevará a gestos valientes, para preservar la independencia de la Justicia, o negociarán con el poder?

El aludido temor de los jueces frente a su destino está muy extendido. Pero también es cierto que nunca antes hubo tanta movilización y tanta unidad como ahora.

LA NACION comprobó que hay varios jueces de primera instancia y camaristas dispuestos a jugarse. Y, al final del camino, está la Corte Suprema, detrás de la cual se alinearon todas las cámaras federales.

"La Corte sigue siendo independiente", afirma el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía. Y casi todos comparten esa esperanza. Pero, saben, la lucha política dejará daños..