UN AÑO DE CRISPACION

Exactamente un año atrás, Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida presidenta de la Nación con alrededor del 54% de los votos válidos emitidos. Su imagen positiva en la opinión pública, potenciada con su internación por un presunto cáncer de tiroides cuya inexistencia se comprobó más tarde, llegó a rondar el 65% hacia febrero de este año. Desde entonces, inició un proceso de fuerte descenso que, según las encuestadoras más reconocidas, no bajó de treinta puntos hasta nuestros días.

Aquellos llamados a la unidad nacional que caracterizaron los discursos de la Presidenta, poco antes e inmediatamente después de su resonante triunfo electoral, quedaron rápidamente en el olvido.

Dos mensajes, pronunciados por dos diferentes funcionarios kirchneristas, encendieron la alarma antes de que la jefa del Estado iniciara su segundo período presidencial consecutivo. Muchos no les creyeron. Sin embargo, fueron el mejor anticipo de lo que iba a venir a lo largo de este año.

Primero fue el ex viceministro de Economía y actual diputado nacional Roberto Feletti, quien poco antes de los comicios había expresado que, si triunfaba Cristina, el populismo "no tendría límites", por cuanto "poseería las herramientas para apropiarse de la renta". Más tarde, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, advertiría que la por entonces flamante ley antiterrorista podría ser utilizada contra medios periodísticos que pudieran inducir a golpes de mercado.

De la crispación, se pasó a una particular política del miedo, tendiente a silenciar las voces disidentes

¿Qué vino después de esas profecías? Un creciente intervencionismo estatal en la economía, que derivó en un cada vez más marcado capitalismo de Estado, incluida la expropiación del 51% de YPF que se hallaba en manos de la española Repsol. Y una virtual guerra contra los medios de comunicación independientes del Gobierno, que arrancó con la ley para regular el papel para diarios y controlar a la empresa Papel Prensa, y continuó, en las últimas semanas, con el operativo que, según anunció la Presidenta, debería culminar después del 7 de diciembre, con el desguace del Grupo Clarín.

Pronto se vio cómo la Presidenta, antes que la proclamada búsqueda de la concordia, estaba más preocupada por llevar a cabo un ajuste de cuentas. A tal punto que, por momentos, quedó algo más que la sensación de que cada opinión molesta o indeseable para los objetivos políticos del Gobierno era pasible de ser convertida en un acto "destituyente" o terrorista.

Lo vivieron en carne propia periodistas, economistas, representantes de organizaciones del consumidor y empresarios tan diversos como el líder del grupo Techint, Paolo Roca, y un agente inmobiliario que osó señalar que las restricciones en el mercado cambiario habían hecho disminuir las operaciones inmobiliarias.

De la crispación, se pasó a una particular política del miedo, tendiente a silenciar las voces disidentes.

La fuerte caída de la imagen positiva de la Presidente se explica en un contexto dominado por una serie de hechos que hicieron que el gobierno kirchnerista perdiera el control de la agenda de la opinión pública:

La tragedia ferroviaria de la estación Once puso de manifiesto gravísimos problemas de gestión y serias dudas sobre el destino cierto de enormes recursos que debieron ser invertidos en infraestructura y seguridad ferroviaria. El capitalismo de amigos sufrió su peor golpe, antes de que se hiciera pública la caída en desgracia de la relación entre Cristina Kirchner y el Grupo Eskenazi.

El escándalo por la ex imprenta Ciccone hirió de gravedad al vicepresidente Amado Boudou, al punto de convertirlo casi en un muerto político, y salpicó a todo el Gobierno.

Los conflictos con las provincias vinieron para quedarse en momentos de vacas flacas, fuertes necesidades de financiamiento y gestos de rebelión, como el del cordobés José Manuel de la Sota y el del santacruceño Daniel Peralta, frente a un poder central que pretende condicionar cualquier auxilio económico al alineamiento político. La tensión con el bonaerense Daniel Scioli tuvo alzas y bajas, pero dejó abiertas no pocas incógnitas de cara al próximo año electoral.

La conflictividad gremial también parece ir en aumento, de la mano de las presiones salariales, incluidas las de gremios estatales, y la bandera de la disminución del impuesto a las ganancias a los trabajadores levantada por Hugo Moyano, pero a la que la recientemente creada CGT oficialista también adhiere, aunque pueda ser una pantalla para disimular su verdadera preocupación, que pasaría por deudas del Estado con las obras sociales sindicales.

El visceral odio presidencial hacia Moyano puede reconocer muchos factores. Pero el principal es que el dirigente camionero, después de beneficiarse durante años con toda clase de privilegios que le concedió el kirchnerismo, se transformó en uno de los principales aguafiestas del relato K, cuando comenzó a descalificar las cifras del Indec y empezó a hablar de la "inflación del changuito" del supermercado.

El hecho de que haya todo un gobierno movilizado por la batalla del 7-D contra el Grupo Clarín no ha logrado modificar la agenda de la sociedad, aunque la Presidenta niegue la inflación y el cepo cambiario, al tiempo que no hable nunca de inseguridad. La masiva protesta del 13 de septiembre ha sido un fuerte llamado de atención a un gobierno que parece negar esa realidad y ha dado, en el último año, constantes muestras de autoritarismo. Algunos ejemplos de las mentiras del relato oficial pasan por la inflación anual de apenas un dígito, la canasta básica de alimentos de 23 pesos diarios para un grupo familiar de cuatro personas, la pobreza de sólo el 6,5% y la indigencia de un increíble 1,7 por ciento.

La gota que colmó el vaso fueron las desafortunadas declaraciones de la Presidenta en el sentido de que "sólo hay que tenerle temor a Dios, y a mí, en todo caso, también un poquito". Para muchos observadores, la protesta del 13 de septiembre no hubiera sido tan grande si no se producía esa frase, que fue seguida de críticas presidenciales con un fuerte tono clasista.

Finalmente, la prohibición de la compra de dólares para atesoramiento y los crecientes costos y trabas burocráticas para viajar al exterior aumentaron el desencanto de muchos. Al igual que la ofensiva contra los medios periodísticos independientes y los intentos del Poder Ejecutivo para domesticar a los jueces, fueron asociados con un acercamiento a los rasgos del régimen chavista, que motivó que se comenzase a hablar del nuevo modelo crischavista. En todo este año, no faltó tiempo para hablar de la reelección. Varios dirigentes, como Luis D'Elía, e intelectuales del grupo Carta Abierta abogaron por una reforma integral de la Constitución nacional. Ninguno, con excepción de Diana Conti y algunos gobernadores provinciales, fueron muy explícitos a la hora de promover la reelección indefinida. Pero no hay dudas de que el proyecto está. La estrategia cristinista es aguardar el veredicto de las urnas en las elecciones legislativas de 2013, para lanzar la ofensiva final. Dirigentes de la oposición no tienen dudas de que el intento llegará, tarde o temprano, pues no hay populismo donde el líder no se suceda a sí mismo.