Las garantías se convierten en una nostalgia Por Joaquín Morales Solá

Algunos síntomas y otros hechos están indicando que el "vamos por todo" del kirchnerismo incluye al Estado de Derecho. No se trata entonces sólo de la pretendida hegemonía política (casi lograda) o de la imposición de equivocadas políticas económicas (cuyo fracaso es más que probable), sino que ha puesto seriamente en duda la vigencia de las libertades y garantías constitucionales. La prensa independiente sabe de lo que se trata desde hace mucho tiempo, situación que ha sido denunciada en un duro documento por la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La inconstitucional indefensión sumó en los últimos días a personas de un espectro mucho más amplio que el ya vapuleado periodismo. El caso más notable es el ex procurador general de la Nación (jefe de los fiscales) Esteban Righi, quien será investigado por un equipo de fiscales más numeroso que el que se dedica a averiguar las correrías del vicepresidente Amado Boudou. Righi es peronista y kirchnerista, pero últimamente había caído en una especie de éxtasis cristinista. A tal punto llegaba su fe en la Presidenta que algunos kirchneristas críticos habían dejado de hablar con él. Lo aprecian y lo respetan demasiado como para correr el riesgo de enojarse con Righi en una trasnochada conversación política. Sin embargo, ningún fiscal consultado recordó que Righi lo haya presionado nunca por una causa que involucrara al gobierno de los Kirchner. Puede deducirse que el ex procurador marcaba una clara frontera entre sus simpatías políticas y sus obligaciones como un importante referente del Poder Judicial. El fiscal Carlos Rívolo, que lleva adelante la causa Ciccone, en la que está complicado Boudou, aseguró que Righi nunca le pidió nada. Nunca le demoró siquiera la entrega de viáticos o la designación de peritos contables para avanzar en la causa. No era eso lo que el Gobierno esperaba de Righi. Ningún funcionario le pidió nada al ex procurador, pero el sistema kirchnerista supone que los ciudadanos, sobre todo los que tienen algo que hacer o decir, deben saber cómo actuar en cada caso. Righi habría renunciado si sólo le hubieran pedido la renuncia. Era poco. El castigo debía ser mucho peor. Fue públicamente acusado por Boudou de tráfico de influencias y de prácticas corruptas. Su ex segundo en la procuraduría, Luis González Warcalde, actualmente a cargo de la oficina que era de Righi, nombró a cinco fiscales para investigar la denuncia de Boudou contra el ex procurador, que ni siquiera fue ratificada por éste, un paso clave para que la investigación se ponga en marcha. En contraste, las serias sospechas sobre los manejos de Boudou y sus amigos con los dineros del Estado están siendo investigadas por un solo fiscal. En defensa de Menem Es cierto que González Warcalde, un fiscal que defendió la posición de Menem cuando éste estuvo preso (dictamen que luego hizo suyo la Corte Suprema de cuño menemista) y consideró un suicidio la extraña muerte del periodista Mario Bonino, no se llevaba bien con Righi. Las historias chocaban: Righi fue ministro de Héctor J. Cámpora y se reencontró con sus posiciones peronistas durante el gobierno de los Kirchner, mientras González Warcalde es un referente de la justicia de los años 90, de otro peronismo. Las historias se han dado vuelta ahora. Nadie del Gobierno le pidió nada a González Warcalde, pero éste sobreactuó lo que supone que el kirchnerismo quiere. Supone -o suponía- que quiere la peor desgracia para Righi. González Warcalde intuye, y quizás intuye bien, que el propuesto procurador, Daniel Reposo, no pasará por el Senado. Si el peronismo disidente no se dejara llevar por la euforia petrolera del kirchnerismo y conservara su posición inicial, es probable que Reposo no cuente nunca con los dos tercios de los votos del Senado que necesita para sentarse en el sillón de Righi. González Warcalde está trabajando a destajo ahora para ser la alternativa de Reposo si éste chocara con un muro imposible, pero el Gobierno le salió al cruce ayer y frenó su ambición. El ministro de Justicia, Julio Alak, lo desautorizó públicamente. Se debe ir en el sentido del kirchnerismo, pero la sobreactuación también se paga cara. Righi, otrora un héroe en el panteón del kirchnerismo, debe enfrentar ahora, de cualquier forma, las descalificaciones de Boudou, las más duras en términos personales que le propinó la política. El estalinismo soviético o la revolución cultural maoísta solían convertir también en réprobos deshonestos a quienes suponían traidores. Atropello Otro caso no menor es el que dio cuenta de un grave atropello en la vivienda particular del ex presidente de YPF Antonio Brufau. Según el relato del corresponsal en Buenos Aires del diario español El País, dos días después de la inconstitucional intervención de la petrolera fue virtualmente allanada la casa de Brufau en el barrio porteño de Recoleta. No existió nunca ninguna orden judicial para practicar ese allanamiento. La invasión de una vivienda por parte del Estado sólo puede ser ordenada expresamente por un juez, aun en los casos en que se persigue, por ejemplo, a traficantes de drogas. Todos, y sobre todo el Gobierno, sabían que Brufau se había ido de la Argentina el domingo, un días antes del anuncio presidencial sobre la expropiación de YPF. La información fue publicada por los diarios, pero la oficina de migraciones se la había ratificado al Gobierno. Alguien que dijo ser contador (¿de YPF?) se apersonó en la casa de Brufau para entregarle la notificación de que había sido, obviamente, desposeído de todos los cargos que tenía en la petrolera. Una persona del servicio doméstico le abrió la puerta, el supuesto contador entró, sacó una cámara fotográfica y tomó fotos de todo el departamento y hasta del interior de los cajones de los muebles. Como las pruebas conseguidas ilegalmente (en caso de que haya habido alguna) no sirven en la Justicia, lo más probable es que esas fotos sean usadas, si es que sirven para algo, en futuras operaciones mediáticas del kirchnerismo contra el presidente de Repsol. En la casa de Brufau eran recibidos con mucha más frecuencia los funcionarios kirchneristas que cualquier otro argentino. Julio De Vido, Daniel Cameron y Roberto Baratta, los responsables de la política energética del Gobierno, pasaban largas veladas en esa vivienda del empresario español. Ninguna garantía constitucional le sirve ahora a Brufau cuando ha perdido la simpatía del kirchnerismo y se ha ganado su odio. Los otros directivos españoles de la anterior YPF se escabulleron silenciosamente en un barco hacia Montevideo, luego de la expropiación, para regresar desde ahí a España. Temían que en Ezeiza les impidieran salir del país. Righi y Brufau son casos concretos, pero son también casos simbólicos de un país que está abandonando los cauces del Estado de Derecho. Righi quedó sometido a la persecución del kirchnerismo y ningún fiscal abrió de oficio una causa por el ilegal allanamiento a Brufau. Boudou, en cambio, es el único beneficiado por la caída de Righi y por el estrépito que provocó la confiscación de YPF. Es el método que gobierna en un país donde las garantías se están convirtiendo en una nostalgia..