Cuál es la relevancia de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 30 años después?
Entre 1983 y 1985 se produjo en la Argentina un movimiento político y social transformador que repercutió y repercute en todo el mundo. Fue una victoria de la libertad en su eterno conflicto con la tiranía y el poder absoluto; no sólo esclareció los crímenes de la dictadura, sino que marcó también el final del poder de las minorías que desde 1930 habían usado a los militares para imponer su voluntad en la Argentina.
Fue una transformación revolucionaria basada en un movimiento masivo no violento. Las armas fueron la verdad y el cumplimiento de la ley.
La verdad fue impulsada por los organismos de derechos humanos, por los medios que rompieron la censura, por la movilización social a través de la música y el teatro, y por el compromiso de personas que no eran de la política, como las que integraron la Conadep.
El respeto por la Constitución y por la ley fue la propuesta electoral de Raúl Alfonsín, que fue apoyada por el voto de los ciudadanos. Las instituciones democráticas funcionaron con eficiencia para implementar esas demandas.
El primer acto de Alfonsín como presidente fue requerir la investigación de los líderes guerrilleros y de las juntas militares, el peronismo se sumó a la propuesta y desde el Congreso apoyó la declaración de nulidad de la "autoamnistía" y luego impulsaría las leyes que permitieron la investigación del pasado. El Juicio a las Juntas Militares, donde los comandantes que habían tenido la suma del poder debieron enfrentar a sus jueces, coronaría esa transformación pacífica y democrática.
La gente acompañaba cada uno de esos pasos. En septiembre de 1984, más 20.000 personas acompañaron a Ernesto Sabato y los demás integrantes de la Conadep a presentar ante el presidente Alfonsín el resultado de su tarea. El informe del organismo muestra la fuerza de la verdad: rompió la desinformación y la censura sobre lo que había ocurrido durante la dictadura y permitió que todos los argentinos supieran lo que les había pasado a miles de ciudadanos.
La información reunida por la Conadep fue además la base del Juicio a las Juntas. Pudimos elegir los casos más relevantes y sumar testigos imparciales y documentos de la época del secuestro que confirmaban lo ocurrido. Pero sobre todo se pudo demostrar la forma en que los comandantes de las distintas fuerzas abusaron de la obediencia castrense para organizar la tarea de secuestrar, torturar y matar. Sólo esa planificación y la disciplina militar explican que funcionarios públicos consideraran parte de su tarea el ejecutar prácticas escalofriantes.
Treinta años después, todavía gozamos de un país sin violencia política, pero con una seria amenaza de la violencia del crimen organizado. Debemos aprender de nuestros aciertos y errores para enfrentarla. Advertir que en 1975 nuestros dirigentes no tuvieron una estrategia para enfrentar la violencia de la Triple A o de las guerrillas y simplemente dejaron que las Fuerzas Armadas ejecutaran un plan ilegal que exigía que no funcionara la Justicia. En 1983 supimos cómo coordinar la demanda social, armonizar las diferencias políticas y aplicar la ley para terminar con la violencia estatal organizada y los golpes de Estado. Hoy no podemos fracasar en el desafío que plantean el narcotráfico y el crimen organizado. Hace falta desarrollar una estrategia democrática, que respete la ley y sea eficaz.
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