EN BUSCA DE LA IMPUNIDAD

Prácticamente evaporado el ensayo para oxigenar la imagen del Gobierno, nacido como consecuencia de la derrota electoral, y con el ascendido teniente general César Milani a cargo del Ejército, el cristinismo ya no disimula su nueva ofensiva sobre el frente que ahora más lo desvela: la Justicia. O más claramente, el control de la Justicia.

La suspensión del fiscal José María Campagnoli, que investigaba las sinuosas maniobras financieras del empresario kirchnerista Lázaro Báez, no fue un hecho aislado. Muy por el contrario, forma parte de una maniobra mayor que, en palabras del propio fiscal, trata de advertir “que investigar el poder acarrea el riesgo de terminar como Campagnoli”. Casualidades de la vida, o no, el funcionario suspendido también investigaba a la actual ministra de Seguridad por supuesto tráfico de influencias.

La otra pata de la ofensiva se produjo la semana pasada: según reveló ayer Clarín, en una jugada que pasó casi inadvertida, también aparentemente para los legisladores de la oposición, el Gobierno mandó al Congreso los pliegos de candidatos a conjueces en la Corte Suprema y en 21 tribunales de todo el país.

La medida en sí no es ilógica: los conjueces son fundamentales para completar los tribunales en caso de, por ejemplo, una recusación. Pero hecha la ley, hecha la trampa: la mayoría de los abogados propuestos tienen vínculos más que estrechos con el oficialismo. Y los hay para todos los gustos, desde ex funcionarios nacionales y provinciales a ex directores de Aerolíneas, pasando por militantes de La Cámpora.

El de los conjueces no es el único paso que está ejecutando el kirchnerismo: según trascendió, algún diputado camporista podría sumarse al Consejo de la Magistratura, la “llave” para el control de la Justicia por su rol de nombrar y sancionar a los magistrados.

La intención del Gobierno ya es obvia: frente a un panorama judicial que en el mediano y largo plazo se prevé por lo menos difícil para muchas de las figuras del oficialismo, garantizarse la salvaguarda judicial es clave. Para ellos y para los amigos del poder que, como en el caso de Báez, son investigados por sus presuntos favores a muchas de las espadas del elenco gobernante.

La brutal separación del procurador Esteban Righi en 2012 por la investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou y su conexión con el caso Ciccone mostró hasta dónde podían llegar. Ahora la suspensión de Campagnoli y el avance sobre los juzgados evidencian la desesperación del oficialismo por cerrarles todos los caminos a posibles fallos judiciales adversos.

El kirchnerismo ya trazó sus objetivos y avanza sin pausas: si para lo que se viene contar con Milani en la jefatura del Ejército es crucial, controlar la Justicia lo es mucho más.