¿Una región enmudecida? Por Iván Petrella

El último 10 de septiembre, Venezuela hizo efectiva su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un fuerte golpe al sistema interamericano de Derechos Humanos en su totalidad. Cuando se piensa en el papel trascendental que jugaron esas instituciones -particularmente en relación a las dictaduras latinoamericanas y otras expresiones autoritarias- sorprende el silencio de gobiernos que se proclaman grandes defensores de los derechos humanos.

Entre los motivos que el gobierno venezolano dio a conocer, alegó la falta de objetividad y transparencia de la Corte y la Comisión, la intromisión en asuntos soberanos, la persecución contra los gobiernos progresistas de América latina y el hecho de que Estados Unidos nunca había adherido al tratado en cuestión. La realidad es que la salida de Venezuela constituye la culminación de dos años de críticas de ese gobierno y del ecuatoriano que buscaban alterar la independencia del organismo. Cabe resaltar que nunca se hubiera llegado a esta instancia sin la inexplicable tibieza o indiferencia de los gobiernos de la Argentina y Brasil. Por su parte Uruguay, Costa Rica y Chile, en marcado contraste, mantienen intacta su postura respecto a la importancia de la Comisión.

No se puede ignorar la importancia que ha tenido en la historia de nuestra región, particularmente en lo que refiere a las últimas dictaduras y a la preservación de la institucionalidad democrática posterior
La Comisión siempre puede mejorar, pero cuando se evalúa su labor no se puede ignorar la importancia que ha tenido en la historia de nuestra región, particularmente en lo que refiere a las últimas dictaduras y a la preservación de la institucionalidad democrática posterior. En el caso argentino, la trascendente visita de la Comisión en 1979 sirvió para crear el archivo más completo y exhaustivo que existe sobre las violaciones a derechos humanos que se estaban produciendo, además de salvar gran cantidad de vidas. El informe sobre Chile fue uno de los documentos centrales al momento de arrestar a Pinochet en Londres. Sumado a esto, el trabajo en conjunto de la Corte y la Comisión ha servido para cuestionar las leyes de amnistía, permitiendo llevar a instancias judiciales a algunos de los responsables por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y en Brasil.

Ambas instituciones también cumplieron un rol esencial en lo que refiere a otras expresiones autoritarias del continente y la defensa de grupos cuyas voces muchas veces no se articulan desde el poder estatal. Se destacan su accionar respecto del gobierno de Wasmosy en Paraguay, la persistente emisión de medidas cautelares e informes sobre la situación de derechos humanos en Cuba y las sentencias de la Corte en los casos La Cantuta y Barrios Altos, que resultaron fundamentales para que Chile aprobara la extradición de Fujimori a Perú. Más recientemente, la Comisión recomendó paralizar un proyecto energético en la Amazonia por su impacto sobre poblaciones indígenas, lo cual llevó a una expresión de "insatisfacción" de parte del gobierno brasilero. Hay que resaltar, también, que la Comisión ha sido muy crítica de políticas del gobierno norteamericano, incluyendo la detención ilegal en Guantánamo, el espionaje y la pena de muerte.

Ahora, lamentablemente, surge un fallo que es un llamado de atención. Hace unos días en este mismo diario José Miguel Vivanco señaló un peligroso giro en relación a la libertad de expresión en el caso Mémoli vs. Argentina. Ahí, ignorando su propio precedente, limitó la capacidad del ciudadano de denunciar actos de corrupción entre privados y estatales. Sería peligroso que la Corte, justo en momentos que la libertad de prensa se encuentra amenazada en distintos países, se deje presionar directa o indirectamente por los gobiernos y que olvide que su rol esencial es proteger a los más débiles: los ciudadanos de a pie respecto de los abusos y las mordazas que les imponen quienes disponen de aparatos estatales siempre mucho más poderosos.

Venezuela se retira, surgen fallos problemáticos y la Argentina no reacciona
Por eso, debido a la relevancia que supuestamente ha adquirido la defensa de los derechos humanos en nuestro país, uno esperaría que se intente reforzar el sistema interamericano de derechos humanos consiguiendo que se adhieran más estados y que la Comisión y la Corte tengan autonomía e independencia de los gobiernos de turno. La Argentina firmó y ratificó todos los tratados que pertenecen al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y ha liderado proyectos a nivel mundial como el uso de la genética forense para contextos de violaciones masivas de derechos humanos, el desarrollo del derecho a la verdad y una campaña para incrementar el número de ratificaciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Incluso, a principios de este año, manifestó su compromiso con el fortalecimiento del sistema interamericano en particular y con la tarea de lograr que se adhieran aquellos que aún no lo han hecho. Meses después, Venezuela se retira, surgen fallos problemáticos y la Argentina no reacciona. El resultado no hace más que restarle consenso a un mecanismo que por mucho tiempo ha luchado en pos de proteger y defender a los ciudadanos de toda la región. Atento al tradicional liderazgo de la Argentina en esta y otras importantes cuestiones, la pasividad equivale a consentimiento.