LA HIPOTECA INVISIBLE

El populismo se caracteriza por sacrificar el largo plazo para ganar poder en el corto plazo. Así como la infraestructura del país está abandonada mientras aumenta el consumo de energía, también las instituciones, que son el capital intangible de una Nación, se encuentran degradadas y serán las generaciones futuras las que carguen con el pesado costo de reconstituirlas.

Los daños institucionales, por ser intangibles, no se advierten de inmediato y su identificación se hará palpable durante el poskirchnerismo, en la transición hacia la anhelada recuperación de la República. En la superficie pueden advertirse casos de corrupción, el cercenamiento de muchas libertades, el desmantelamiento de los órganos de control, las presiones sobre la Justicia, los abusos en la publicidad oficial, el incumplimiento de fallos de la Corte Suprema por el Poder Ejecutivo Nacional, la falta de transparencia de los actos públicos y otros avances sobre los principios republicanos y la división de poderes.

Esos casos se refieren a daños institucionales dentro del Estado. Pero en su afán de "ir por todo", el kirchnerismo ha cooptado también organizaciones sociales que deberían representar intereses permanentes de la sociedad civil y conservarse ajenas a los vaivenes de la política partidaria y sus pequeñas miserias. De allí el apetito kirchnerista por convertirlas en meros instrumentos de su estrategia para acumular poder de cualquier manera. Al mismo tiempo, castigó sin piedad a muchas otras que expresaron sus disidencias con las políticas oficiales o cuestionaron el inconsistente relato oficial, como algunas asociaciones de consumidores.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) satisfacen necesidades de la sociedad que el Estado no siempre llega a atender. Son percibidas como esenciales por el conjunto y gozan de credibilidad precisamente por sus aspectos altruistas, solidarios y no contaminados por el dinero o el poder.

Dentro de la amplia gama de ONG, hay algunas que son más tentadoras para el afán prostituyente de quienes no encuentran límites morales a sus intereses cortoplacistas. Son aquellas que ayudan a grupos sociales desaventajados, brindándoles apoyo económico, educativo y también institucional. Para ello, actúan como voceros autorizados ante los poderes públicos haciendo petitorios formales, concurriendo a audiencias e interactuando con agencias del Estado nacional, provincial y municipal. El kirchnerismo ha conseguido manipular a muchas de esas organizaciones, otorgándoles privilegios y prebendas a cambio de apoyo político. Ese apoyo a veces consiste en presionar a administraciones que están en manos de la oposición y otras veces, en disimular las malas prestaciones del oficialismo. Además, esas ONG a veces quedan convertidas en un engranaje de la maquinaria de movilizaciones masivas a los actos públicos, con lo que queda desvirtuada la integridad e independencia que se espera de ellas.

La moneda utilizada por el Gobierno para comprar conciencias y torcer lealtades ha sido los planes sociales, las pensiones graciables, los subsidios a cooperativas de trabajo, los fondos para planes de viviendas y el empleo público. Pero la mentira tiene patas cortas y cada vez son más las irregularidades que toman estado público. Cada vez hay más información de beneficiarios que deben "retornar" parte del subsidio a los "punteros"; de contrataciones directas por sumas "infladas" y de confirmaciones de que muchas veces son favorecidos quienes se subordinan, mientras que quienes no lo hacen son discriminados. Varias denuncias periodísticas han identificado graves irregularidades en la Federación Tierra y Vivienda, en la Asociación Tupac Amaru y en los vínculos entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender.

Muchas de estas organizaciones cumplieron una importante función de contención social durante la crisis, pero algunas de ellas se encuentran desvirtuadas por prácticas corruptas. Las veces en que se ha solicitado información sobre el uso de los fondos de los que disponen esas agrupaciones, el Poder Ejecutivo la ha negado. La Justicia tiene varios casos en estudio por esa denegación, a pesar de que el propio kirchnerismo dictó la primera norma sobre el libre acceso a los datos en 2003.

Una observación especial merecen las ONG cuyo objeto es la defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones debieran mantener una firme independencia, pues su principal papel es conservar una posición objetiva y crítica respecto de los gobiernos, velando por la efectiva vigencia de los derechos humanos universales consagrados por tratados internacionales y normas internas de los Estados. Su objeto es investigar situaciones conflictivas, analizar cada contexto jurídico, evaluar el acceso a la Justicia y elaborar informes sobre la actuación de los poderes públicos. Son interlocutores de quienes no encuentran otros foros, ponen de manifiesto las vulneraciones y, eventualmente, las denuncian ante los organismos locales e internacionales.

Néstor Kirchner, originalmente ajeno a la lucha por los derechos humanos, como lo prueba el exilio santacruceño de él y de su esposa durante los años del régimen militar o el acatamiento silencioso de los indultos que dictó el menemismo en los años noventa, advirtió el enorme capital político que podría obtener mediante la alianza con las ONG que ejercen su defensa. Y así, varias de esas asociaciones comenzaron a cobrar subsidios cuantiosos y se convirtieron en invitadas permanentes, en primera fila, de los actos del Gobierno. Las Madres de Plaza de Mayo se vieron involucradas en actividades completamente ajenas a su objeto, como la construcción de viviendas sociales que resultaron en estruendosos fracasos a la luz de los gravísimos hechos de corrupción que se están investigando. Contaron incluso para ello, con la colaboración de alguien que cometió un parricidio y de una ex ministra de Economía condenada por corrupción.

Los efectos de este cooptamiento son notables y evidentes. Son bien conocidas las opiniones y los furibundos términos con que habitualmente se expresa Hebe de Bonafini sobre los más diversos temas. Sus blancos pueden ser Macri, las víctimas del atentado a las Torres Gemelas y hasta el entonces cardenal Jorge Bergoglio, en su momento, pues no dudó en utilizar el altar de la Catedral Metropolitana como baño. Claro que cuando el cardenal primado fue designado Papa, el Gobierno le ordenó modificar rápidamente su actitud para no perder votos, al punto que le envió una carta en la que lo llamaba cariñosamente "don Francisco" y se retractaba con palabras dulzonas por las acusaciones realizadas sobre la supuesta complicidad de la Iglesia con la dictadura.

Lo mismo ocurrió con la designación del general César Milani como jefe del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos ocultó algunos de sus antecedentes durante el último gobierno militar en el trámite de su ascenso en el Senado de la Nación. A pesar de que las Abuelas de Plaza de Mayo sostenían que no debía designarse ningún funcionario cuyos antecedentes sembraran alguna duda acerca de su participación en aquel gobierno, en este caso también las órdenes del Poder Ejecutivo parecen haber sido terminantes. Y Estela de Carlotto, presidenta de esa ONG, debió cambiar su discurso y apoyar la posición de Cristina Kirchner, aun contra la opinión de otros organismos de derechos humanos.

Otra conocida ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), creado en 1979, reformuló su agenda a mediados de los años 90, adaptándola a la tutela y exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, como condición para la vigencia de los derechos humanos en democracia. Pero a partir del kirchnerismo, su presidente, Horacio Verbitsky, ha utilizado el prestigio de la institución para alinearse con el oficialismo y ha abandonado el espíritu crítico sobre la gestión oficial, apoyando la mayor parte de sus medidas y silenciando groseros avasallamientos, como la reforma del Consejo de la Magistratura, casos de corrupción, la represión a grupos sociales no alineados, la manipulación de medios periodísticos con dineros públicos y la redistribución del ingreso a favor de los amigos del poder.

Además de intervenir en la vida de las instituciones dedicadas a los derechos humanos para convertirlas en entidades facciosas, el oficialismo ha utilizado esa causa para la persecución de aquéllos a quienes identifica como "enemigos". Esta deformación ha llevado a la reinvención fraudulenta del pasado, de modo tal que quienes ejercen la crítica contra el Gobierno sean invalidados como ejecutores o cómplices de presuntos delitos de lesa humanidad.

En definitiva, la reparación del daño institucional provocado por el kirchnerismo será una tarea mayúscula, pues no solamente ha afectado el funcionamiento de los poderes del Estado, sino que ha desvirtuado y torcido la acción de muchas ONG dedicadas en forma genuina a la defensa de los derechos humanos y de los grupos sociales más empobrecidos y excluidos. Al hacerlo, ha fracturado valiosas articulaciones de la sociedad civil, ha disuelto vínculos de genuina solidaridad, ha corrompido relaciones de generosa entrega dejando primar el interés económico o personal, la sospecha, el temor, el egoísmo y la politización partidaria como nuevos motores de la interacción colectiva..