Natalia Aguiar y Mariano Confalonieri se refieren en un excelente artículo a esta reunión que, obviamente, trascendió y seguramente no fue desde el riñón de la Presidente Cristina. Quizás fue desde la Justicia que se dejó trascender el contenido de la reunión, por la molestia que generó el ninguneo de la Presidente al referirse que ella es la que junta la plata para pagarle sus grandes sueldos. Así se describe la reunión:
La Presidenta y Ricardo Lorenzetti se encontraron secretamente en Olivos. Hubo más diferencias que coincidencias. Ahora, la Casa Rosada se prepara para ahondar el choque con los magistrados.
Cristina rompe con la Corte Suprema y se profundiza el enfrentamiento
Obsesionada con su enfrentamiento contra el Grupo Clarín, Cristina Kirchner convocó a Ricardo Lorenzetti a la Quinta de Olivos. Tras los fallos de la Cámara Civil y Comercial, la jefa de Estado se convenció de que la Corte Suprema es el principal escollo para la aplicación de la Ley de Medios. El encuentro se produjo hace diez días y se preservó en secreto. Fue muy tenso. Ella intentó convencer a Lorenzetti de la necesidad de un fallo de fondo definitivo, pero no encontró eco en el magistrado. La tensión de la conversación fue el preludio de lo que ocurrió esta semana. La Corte rechazó dos planteos del Gobierno por la Ley de Medios y devolvió la causa a la Cámara Civil y Comercial, que la Casa Rosada vislumbra como opositora.
Luego llegó la reacción. Cristina golpeó duro a la Justicia el jueves desde la Casa de Gobierno. “De los magníficos sueldos que tienen los jueces de nuestro país, se encarga esta Presidenta de juntar la plata para pagárselos; las jubilaciones de privilegio que tienen, también se encarga esta Presidenta de juntar la plata para pagárselas”, advirtió. Y agregó: “No pagan Ganancias, cosa que sí esta Presidenta paga”.
Sus asesores le acercaron encuestas que muestran un descontento social con la Justicia, y una lista en la que figuran las jubilaciones de privilegio de los jueces que, en algunos casos, alcanzan los noventa mil pesos mensuales. En otra lista tiene los sueldos de los jueces federales y de los ministros de la Corte: empiezan en cuarenta mil pesos mensuales. Así, la Casa Rosada está reuniendo municiones para la contienda.
La ruptura con la Corte después de esa reunión fue definitiva. La predisposición del Gobierno no será la misma a la hora de girarle fondos al Poder Judicial, o cuando haya que discutir las paritarias. Además, se quebró un pacto no escrito: el nombramiento de jueces. Cada vez que hay una terna para ocupar vacantes, la Corte Suprema sugiere a sus preferidos.
CFK inició así lo que será el debate del año que viene: que los magistrados se equiparen al resto de los ciudadanos abonando el impuesto a las ganancias. El Gobierno usará ese discurso para presionar a la Corte.
“Según cómo venga el expediente de Clarín, habrá más o menos presión hacia los jueces”, explicó una alta fuente del Poder Ejecutivo. PERFIL anticipó la semana pasada que el oficialismo tiene previsto enviar en marzo al Congreso un paquete de leyes para “democratizar” la Justicia, que incluiría, además de Ganancias, los juicios por jurados y la obligación para los jueces de rendir examen cada cinco años.
Con Ganancias busca poner en un brete a Lorenzetti. Si se muestra predispuesto a que los jueces paguen, tendrá a sus propios colegas en contra. Si lo rechaza, interpreta el Gobierno, se enfrentará a la opinión pública. En 1996, una acordada de la Corte menemista volteó una modificación a la ley impositiva que establecía que los jueces tenían que abonar el tributo. La idea del Gobierno es forzar a Lorenzetti a hacer lo mismo. El Gobierno tiene una certeza, la Cámara va a fallar en contra de la constitucionalidad de la Ley de Medios. Y una duda: qué va a hacer la Corte.
Con tres fallos del Tribunal del 5 de diciembre (contra el PAMI, la Anses y a favor de la publicidad oficial para PERFIL) el Gobierno interpretó que los magistrados lo atacaban. También percibe que hay otros fueros que actúan como “corporación” y que dictaminan en contra del Ejecutivo. En esa lista están algunos jueces del fuero contencioso administrativo y de la Cámara previsional.
El director Ejecutivo de Anses, Diego Bossio, recusó masivamente a los jueces de ese fuero para evitar que salgan de allí sentencias a favor de los jubilados. Si esos fallos son acatados por la Anses, le darían un golpe a una de las principales cajas del Ejecutivo. Con dinero de ese organismo, por ejemplo, se financia el programa Futbol para Todos. Uno de los principales enemigos en la Cámara es Luis Herrero. El Ejecutivo le apunta con todos los cañones para arrinconarlo.
En la Casa Rosada también pronostican que la célebre Cámara Civil y Comercial fallará en contra de la recuperación del predio de La Rural.
La jueza de primera instancia falló en contra de los abogados de la Sociedad Rural, pero los ganaderos apelaron y el expediente quedó en la misma sala que interviene en la causa Clarín, y que integran María Susana Najurieta, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni.
En la Corte están también pendientes de resolución las denuncias de las provincias de Córdoba y Santa Fe por la coparticipación. Si ambas provincias abandonan el pacto fiscal, el Estado nacional debería devolver el 15 por ciento que les retiene para sostener el déficit de la Anses.
El año que viene será, entonces, un período de confrontación para el Gobierno contra su nuevo adversario, los jueces.
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