Los jueces, blanco de nuevas batallas del poder

Hace rato que no importa el ropaje ideológico que, como tal, apenas oculta el fondo de las cosas. Cristina Fernández de Kirchner imagina que la ofensiva sobre la Justicia puede jugar a su favor en varios frentes complicados y sobre todo en uno, que combina todas las inquietudes: recuperar un lugar más sólido en el tablado político y desactivar la protesta social, que esta semana tendrá un nuevo capítulo a cargo del sindicalismo opositor. Elegido el nuevo enemigo, la estructura de jueces pasa entonces a tener un sola expresión, orquestada, única en su pensamiento y accionar, conspirativa e incómoda para los planes de afirmación y perduración sin fecha en el poder. El aparato propagandístico del Gobierno ya camina en esa dirección y, lo sabe hasta el publicista menos formado, conviene ajustar el libreto a consignas elementales . La Justicia será a partir de ahora la mayor responsable de los padecimientos cotidianos, empezando por la inseguridad .

Resulta llamativa la posición de Olivos, aunque no es nueva. La ofensiva exculpa a todos los otros actores de los males cuestionados , empezando por el Gobierno, que actúa otra vez como un recién llegado y al mismo tiempo se enreda en los estereotipos de su propia creación. Cree que la demanda social en temas sensibles como la inseguridad es de derecha , por definición, y actúa ahora del mismo modo: busca acomodarse como intérprete de la ideología que atribuye a los descalificados participantes de las protestas, y acusa a los jueces .

La absolución a los acusados por el caso de Marita Verón –en rigor, la extendida reacción que provocó– fue traducida por Olivos como la posibilidad de teñir a su embestida de un sentido popular , ajena a los planes más evidentes del juego del poder. La Presidenta generalizó sobre el papel de los jueces a partir de un fallo único –algo temerario teniendo en cuenta su lugar de jefa de Estado– y en un sólo acto convirtió el hecho en un arma que imagina más eficaz que la contienda por cuestiones alejadas del interés social.

El cristinismo tuvo además un objetivo apremiante: despegarse del escándalo , que remite a una provincia administrada por un aliado incondicional, José Alperovich, cuya esposa, Beatriz Rojkés, ocupa hasta ahora un lugar de privilegio en el círculo presidencial. Cargar contra el Tribunal, sin entrar en consideraciones de fondo sobre el pronunciamiento y menos aún, acerca de la investigación, esconde en primer lugar la intención de dejar a salvo a la gestión local . Quedaría a resguardo el poder provincial: nada se dice sobre su papel, el accionar policial y la posible connivencia con redes delictivas como el narcotráfico y la trata. Llevado a escala nacional, la extensión del delito y el drama de la inseguridad serían responsabilidad de la Justicia , que según las palabras presidenciales no sintoniza con las necesidades de la sociedad.

El oficialismo redondeó su carga contra la Justicia con el argumento de una “democratización” de ese poder. El contexto y los blancos elegidos indican que no se trata de un repentino interés por la calidad de la Justicia, objetivo que en caso de ser genuino requeriría de una política de acuerdos con el resto de las fuerzas políticas y de diálogo con los exponentes del Poder Judicial para elaborar proyectos que se acerquen a lo que suele definirse como políticas de Estado . No es el caso.

Cristina Fernández de Kirchner se subió a la ola generada por el fallo tucumano apenas dos días después del discurso, en Plaza de Mayo, que utilizó para hablar de “fierros judiciales” y reiterar aquello de los “fierros mediáticos”. En ese momento, mostró su profundo enojo por el fallo de Cámara que había ampliado la medida cautelar en la causa abierta por los artículos de la ley de medios que el Grupo Clarín considera inconstitucionales. Y apuntó contra la Corte, instancia final para resolver el tema.

La andanada de críticas y generalizaciones fue interpretada de inmediato, incluso en círculos próximos al Gobierno, como una señal fuerte en medio de una batalla que incluye y supera a los medios . En la oposición, la evaluación corre por dos canales paralelos, vinculados a los planes reeleccionistas . En primer lugar, se señala que el Gobierno busca debilitar el papel de la Justicia también frente a denuncias de corrupción. El ejemplo más evidente es Amado Boudou, que dejó en la banquina a un procurador general, un juez y un fiscal. Y en segundo término, se destaca que un replanteo del Poder Judicial como el sugerido demandaría una reforma de la Constitución .

La embestida expuso también otro elemento: dejó al descubierto una visión retrógrada-populista sobre el funcionamiento de la democracia , con la Justicia subordinada al poder político. Si la Presidenta fue directa, su jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue más allá de cualquier límite e insultó sin vueltas a los jueces ya descalificados en Plaza de Mayo. A juzgar por la jerarquía del funcionario, vale pensar en una pista sobre la “democratización” de la Justicia .