REELECCION Y POBREZA

No es casual que las tres provincias donde existe la posibilidad de reelección indefinida del gobernador -Santa Cruz, Formosa y Catamarca- se caractericen por una fuerte tradición en materia de clientelismo y alto porcentaje de empleo público. Ni es casual que en distritos como el formoseño, donde el mandatario provincial lleva más de dos décadas ininterrumpidamente en el gobierno como vicegobernador y gobernador, la pobreza alcance niveles elevadísimos.

Una de las formas que utiliza el clientelismo prebendario para mantener a los gobiernos en el poder por muchos años consiste en el aumento del número de personas dependientes de las decisiones del gobernador. Es decir, el escandaloso aumento del número de empleados públicos.

La administración pública se ha transformado en determinados distritos en una gran industria burocrática, sustentada en empleos en muchos casos redundantes e improductivos, ocupados en no pocas situaciones por "ñoquis" que sólo aparecen los días 29 para cobrar su sueldo.

Cuesta creer que a pesar de los incesantes avances tecnológicos producidos en la última década en materia administrativa y de comunicaciones, se requiera cada vez más personal para realizar tareas en el sector público. Desde 2003 hasta nuestros días, los empleados públicos han aumentado en más de un millón de personas, sumando la Nación, las provincias y los municipios, lo que conlleva serios desequilibrios fiscales que termina pagando la ciudadanía merced a una mayor presión impositiva -la mayor de la historia, según distintos estudios-, que a su vez le resta aún más competitividad a la economía del país.

El clientelismo político ha sido siempre y sigue siendo enemigo de la lucha contra la pobreza. Las personas empobrecidas y con bajo nivel educativo han sido y son carne de cañón desde el punto de vista político. Se busca que ese segmento de la población vote a cambio de migajas, distribuidas habitualmente las semanas previas a las elecciones, que distan de solucionar el problema de la marginación y la pobreza.

Las políticas de generación de empleos genuinos, asociados al sector privado, son vistas por los cultores del clientelismo como contrarias a lo que buscan. Los buenos empleos independizan al trabajador del poder político de turno, lo cual no le conviene al político populista, que podría ver disminuir su base de apoyo.

Esta es la verdadera relación entre pobreza y reelección, y es, al mismo tiempo, el gran dilema del federalismo argentino. Una dimensión del problema se puede apreciar con claridad en los últimos días, en que desde el gobierno nacional se presiona a gobernadores provinciales para que se alineen políticamente y apoyen un proyecto de reforma constitucional que no descarte la reelección presidencial indefinida, si aspiran a recibir más fondos del Estado nacional.

Hoy, sólo dos provincias, Santa Fe y Mendoza, prohíben la posibilidad de reelección de sus gobernadores, cuando hasta mediados de la década del 80 no había reelección en 19 provincias. Lamentablemente en Mendoza lo primero que hizo el gobernador, Francisco Pérez, no bien asumió, fue presentar un proyecto de ley para modificar la Constitución provincial y permitir la reelección. Cuando impulsó ese proyecto, Pérez, obviamente, carecía de gestión como para argumentar que necesitaba otro mandato que le permitiera coronar exitosamente lo que aún estaba en marcha. Su gestión hasta ahora tampoco justifica esa pretensión.

Terminar con la pobreza exige contar con dirigentes que no se consideren iluminados o imprescindibles y que no quieran eternizarse en el poder; también exige contar con ciudadanos que no piensen en la caza de puestos oficiales como forma de ganarse la vida. Por el contrario, la lucha contra la pobreza, en lugar de clientelismo y planes sociales improductivos y prebendarios, requiere una eficiente gestión de los recursos en materia educativa y el aliento de inversiones productivas capaces de multiplicar el número de empleos en el sector privado.

La generación de un clima propicio para las inversiones sólo puede presentarse allí donde se respetan las instituciones y no se pretende alterar permanentemente las reglas de juego para favorecer al gobernante de turno dispuesto a mantenerse en la silla del poder por tiempo indeterminado. Las constituciones, la de la Nación y las de las provincias, no pueden rebajarse al nivel de herramientas para el logro de objetivos personales. Concebirlas como modelos que se arman y desarman al influjo de las apetencias de poder refleja una pobreza de miras que, en ciertas provincias, corre paralela a la pobreza de grandes sectores de su población..