LA LARGA MARCHA RE ELECCIONISTA - NATALIO BOTANA

¿Por qué, cuando apenas recorremos el primer tramo de un período constitucional de cuatro años, está en boca de los dirigentes la reelección presidencial mediante una reforma de la Constitución? La Presidenta no ha emitido opinión en este tema, pero su entorno no cesa en su prédica, hasta el punto de que tres gobernadores de provincia y un intendente del conurbano se acaban de sumar a ese empeño.

Desde la oposición las voces de alarma se escuchan con frecuencia. "Madre de todas las batallas", ha llamado el senador Ernesto Sanz al combate que se avecina. Con la fatiga que ello conlleva, debemos reconocer que el propósito reeleccionista sigue avanzando, como si la Argentina girase siempre en torno a una cuestión no resuelta. Viene aconteciendo desde hace décadas: nos envuelve de nuevo una espesa incertidumbre con respecto a la sucesión presidencial y al régimen político y económico-social que enmarcaría esa ambición reeleccionista.

En este sentido, el reeleccionismo haría las veces de una pieza maestra para coronar una hegemonía política personalista, de más en más absorbente de las reservas de autonomía de la sociedad civil. Una hegemonía tan atenta a instaurar nuevos derechos como a controlar con mano firme el ámbito crítico de las libertades públicas, donde sobresalen los medios independientes de comunicación. La voz de orden es desguazar a los enemigos (Cablevisión es, por ahora, el objetivo principal) y desarrollar los medios adictos y la red oficial de propaganda.

Se trataría, pues, de una reforma constitucional que no se concibe para consolidar un régimen a punto de cumplir treinta años, sino para erigir, en su reemplazo, otra forma de democracia: plebiscitaria, con sesgos autoritarios que transforman al disidente en conspirador, bien pertrechada para presionar y controlar, llegado el caso, al Poder Judicial. Omnipotencia presidencial, en suma, sobre un tipo de sociedad en la que los vínculos entre los sectores público y privado están cambiando aceleradamente.

Sin embargo, este designio debe transitar por varias etapas. En perspectiva, ahora que el lenguaje maoísta se ha puesto de moda, es una "larga marcha", pues el proyecto reeleccionista debe prevalecer en el curso de varios comicios entendidos como batallas sucesivas. Imaginemos a tal objeto la siguiente trama con estos pasos.

Primer paso. Para alcanzar los dos tercios necesarios del total de los miembros de ambas cámaras, es preciso obtener, el año próximo, una sólida ganancia por parte de las listas de candidatos proclives al reeleccionismo. Por ende, sometimiento de los gobernadores y de la oposición considerada peligrosa (léase la ciudad de Buenos Aries), lo que supone encabezar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el mes de agosto, previa apertura de la confección de padrones en abril, para culminar con una victoria en el mes de octubre.

Es curioso: las elecciones primarias, que impulsaron la marcha triunfal de 2011, son también un obstáculo para adelantar las elecciones tal como ocurrió en 2009. Con este instrumento imaginado para robustecer la vida interna de los partidos, los golpes tácticos, bruscos y sorpresivos como le gustaban a Néstor Kirchner, son más difíciles de encarar, a no ser que el Congreso suprima el estorbo de las primarias (al fin de cuentas, otra manipulación institucional no mancharía demasiado una secuencia de por sí abundante).

Segundo paso. Si aceptamos la hipótesis de una victoria oficialista, el Congreso recién podría tratar la necesidad de una reforma amplia de la Constitución en sesiones extraordinarias del verano de 2014 para afrontar en los meses subsiguientes otra ronda de comicios: elecciones primarias para designar candidatos a convencionales constituyentes dentro de los partidos y, luego, comicios definitivos para consagrar a los que el voto popular apoye.

De sortear con éxito estas dos pruebas, el oficialismo estaría en condiciones de abolir en la Convención Constituyente la cláusula que impide una nueva reelección presidencial y de incorporar, con o sin parlamentarismo, un conjunto de normas adecuadas a los fines de una Constitución "emancipadora". Según se dice, florecerían de este modo nuevos derechos escritos que se añadirían a los que actualmente, por paradójico que resulte, no se cumplen.

Si el lector ha tenido la paciencia de internarse en este laberinto electoral, podría llegar a la conclusión de que el país estará muy pronto atravesando el umbral de cuatro comicios escalonados, durante 2013 y 2014, a los cuales habría que sumar los otros dos que, según la Constitución y las leyes vigentes, deberían efectuarse en 2015.

Una carga electoral de estas características sería tal vez la más propicia para que los argentinos recibiéramos el impacto de pasiones adictas al cultivo de antagonismos y el de quienes administran miedo y amenazas, propaganda dirigida y cadenas oficiales. En fin, el poder en procura de consumar un objetivo que, desde 1949, constantemente reaparece en nuestro paisaje político. En ese terreno ascendería la imagen de un país dividido porque, en rigor, carecería de una Constitución convocante de los sentimientos comunes de legitimidad. Se distanciarían las posiciones extremas y el proceso reformista, que para unos significaría ascenso y culminación, para otros evocaría caída en pendiente y decadencia.

Los efectos de estos corsi e ricorsi sobre un álgido problema constitucional podrían llevarnos a enfrentar la disyuntiva de un conflicto entre concepciones opuestas en cuanto al contenido constitucional del régimen democrático. Es un disenso muy diferente del que surge de una competencia pacífica, en función de las reglas establecidas entre visiones programáticas acerca del gobierno de la sociedad.

Si la segunda de estas hipótesis es de curso normal en cualquier democracia consolidada, la primera es en cambio síntoma de un conflicto mucho más profundo que pone en tela de juicio fundamentos y principios. No es una tarea constructiva, aun en el caso de que una mayoría lograse imponer transitoriamente su voluntad.

Con esto queremos subrayar la teoría de que las constituciones no deben ser pensadas para satisfacer apetencias de ocasión. Deben, al contrario, ser un hogar de encuentro de la realidad plural de la democracia y representar un pacto de larga duración que otorgue a las naciones el esquivo atributo de la previsibilidad y la seguridad jurídica. Sólo de este modo las condiciones del progreso y de una sustentable distribución de bienes públicos pueden, al cabo, prosperar.

Lamentablemente, en estos días estamos olvidando estos presupuestos. Los motores de la reforma se están calentando justo en la circunstancia en que los factores que más conspiran contra el proyecto reeleccionista están ubicados en la entraña de la gestión del Gobierno. No es lo mismo, en efecto, afrontar un proceso reeleccionista con abundancia de recursos fiscales y fuerte expansión de la economía que pegar el puntapié inicial en medio de una pronunciada caída del crecimiento, con una inflación de alrededor del 25% y aumento del desempleo.

Si adicionamos estos datos a la carrera de obstáculos electorales en pos del reeleccionismo, el pronóstico no es, para las ensoñaciones del poder, tan optimista como parece. Las oposiciones deberían tomar nota de estos datos y converger, más allá de sus programas y candidatos, en una oferta común que rechace este absurdo afán por acentuar las antinomias.