Un largo camino de luchas fue necesario atravesar en la Argentina y en el mundo para que el sufragio femenino pudiera abrirse paso frente a la resistencia que oponían políticos conservadores y sectores de la opinión pública, entre los que se contaban, hay que decirlo, también muchas mujeres.
El movimiento de las sufragistas obtuvo su primer triunfo en Nueva Zelanda en 1893. El primer país latinoamericano que reconoció el derecho fue Uruguay en 1927, lo que siempre significó un orgullo nacional porque a nivel mundial fueron sextos.
Desde el siglo XIX las mujeres argentinas lucharon por su derecho a sufragar. Cecilia Grierson, la primera mujer en recibirse de médica en la Argentina, participó en 1889 en el segundo Congreso Internacional de Mujeres en Londres, donde el derecho al sufragio figuró como una de las principales reivindicaciones y fundó en 1900 el Consejo de Mujeres. Siete años más tarde, Alicia Moreau de Justo, desde las filas del Partido Socialista, creó el Comité Prosufragio Femenino. Y en 1910, en plena conmemoración del Centenario, se organizó en Buenos Aires un imponente Congreso femenino internacional. Cuando en 1911 la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos para que actualizaran sus datos en los padrones, en vistas a las elecciones municipales de legisladores, llamó a que lo hicieran los ciudadanos mayores, residentes en la ciudad, que tuvieran un comercio o industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos. La incansable Julieta Lanteri advirtió que nada se decía sobre el sexo. Entonces se inscribió en la Parroquia San Juan Evangelista de La Boca, que era la que le correspondía por su domicilio, y cuando llegó el día de las elecciones, votó en el atrio de esa iglesia. El Dr. Adolfo Saldías, presidente de mesa, la saludó y se congratuló “por ser el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Su-damérica”. La doctora Lanteri se dirigió a La Nación y La Prensa, por entonces los medios escritos más leídos, y contó el hecho. Poco tiempo después, el Concejo Deliberante porteño sancionó una ordenanza donde especificaba claramente que estaba prohibido el voto de las mujeres porque el empadronamiento se basaba en el registro de empadronamiento del servicio militar. Al enterarse de eso, Julieta Lanteri se presentó ante registros militares de Capital Federal, solicitando ser enrolada, y acudió directamente al ministro de Guerra y Marina. Claro, no la aceptaron.
Ese mismo año, Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley por el voto femenino. Ni siquiera se lo tuvo en cuenta. El Código Civil de 1871 había declarado a las mujeres como “incapaces para participar en política” y la reforma de 1926 declaró la igualdad legal, pero no admitió otorgar ni la patria potestad ni el sufragio.
En 1928, en San Juan, a instancias del gobernador Aldo Cantoni, las sanjuaninas se convirtieron en las primeras en poder expresarse en las urnas, pero la alegría duró lo que Cantoni en el poder, y cuando Hipólito Yrigoyen interviene la provincia, el derecho desaparece. Al año siguiente, Mario Bravo presentó un nuevo proyecto, pero los legisladores lo durmieron en el recinto. Las y los sufragistas se movilizaron, 95.000 boletas electorales con nombre y apellido llegan al Congreso: “Queremos votar” dicen y tras varias presiones se logró que en 1932 se apruebe la ley en Diputados. Durante el debate llevado a cabo con las gradas llenas de mujeres expectantes, el diputado derechista José M. Bustillo pidió que se apruebe la ley pero con voto calificado. En el fondo, se les reconocía capacidad intelectual a las feministas, pero se creía que no todas las mujeres eran así. El abucheo desde las tribunas fue atronador. La Iglesia Católica militó activamente contra los proyectos parlamentarios que intentaban modificar el status jurídico de la mujer. Quien expresó estas ideas con mayor nitidez, y evidentemente sin pudor, fue el diputado Francisco Uriburu: “Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto”. La mujer debía seguir siendo la Reina del Hogar. Finalmente, la ley fue rechazada en el Senado. El PS insistió junto a sectores de la UCR y en 1938 también se involucró en el tema Victoria Ocampo. En total, desde 1911 se presentaron 22 proyectos que no pudieron prosperar.
Al llegar el peronismo al poder, en 1946, Eva Duarte de Perón tomo el tema como causa central y se puso al frente de esa lucha. El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, que en su concepto central decía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y las mismas obligaciones que los varones...”. Dos semanas después, en un masivo acto organizado por la CGT y con toda la estética peronista puesta en escena, Perón le entregó a Evita el texto de la ley; y ella, emocionada, se dirigió a la multitud: “Recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos... resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas”.
En 1952 asumieron sus bancas 23 diputadas y seis senadoras. Desde hoy parece mentira que hace 60 años las mujeres no tenían derecho a votar. La historia de la inclusión y los derechos en Argentina se sigue escribiendo así, con grandes victorias precedidas por tenaces y largas luchas.
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